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La sala de lo penal de la Audiencia Nacional absuelve al patrón de un pesquero español de un delito de daños con motivo de un abordaje

Abril 2014

En el mes de junio del año 2009 se produjo un abordaje entre dos pesqueros españoles en aguas senegalesas; como consecuencia del abordaje uno de los pesqueros (PM) se hundió; el otro pesquero (el RH) no sufrió daños de consideración. Afortunadamente no se produjo pérdida de vidas humanas.

El armador del PM presentó denuncia ante los Juzgados penales que, finalmente, y por cuestiones de Competencia funcional, correspondió a la Audiencia Nacional; resumidamente, el armador del PM imputaba la comisión de varios delitos: daños dolosos, falsedad documental (por la Protesta de Mar) y daños medioambientales. Finalmente, y tras una instrucción ciertamente compleja, se dictó Auto de Apertura de Juicio Oral delimitado a un Delito de daños imprudentes del art. 267 del Código Penal frente al patrón de guardia del RH en el momento del abordaje (y defendido por Luis Souto - ISLAW ABOGADOS); al mismo tiempo se exigían las responsabilidades civiles derivadas del delito; el importe de las responsabilidades civiles excedía con creces (lo quintuplicaba) el importe que resultaría por aplicación del Convenio de Londres de 1976 sobre Limitación de responsabilidad por reclamaciones marítimas en su versión enmendada en 1996.

Celebradas las sesiones del Juicio Oral, el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó Sentencia que condenaba al Patrón de guardia del pesquero RH como responsable criminal en concepto de autor de un delito de daños por imprudencia del art. 267 Código Penal a la pena de ocho meses de multa con cuota diaria de 10 euros (2.400) y a indemnizar a la armadora del “PM” la cantidad de 2.289.394 Euros. La Sentencia también declaraba como responsables civiles directos a las aseguradoras del buque RH y responsable civil subsidiario al armador de dicho pesquero (también defendido por ISLAW ABOGADOS).

La Sentencia del Juzgado Central declaraba probados los hechos invocados por las acusaciones; resumidamente que el abordaje se produjo estando el PM con máquina averiada y con las luces de sin gobierno encendidas; asimismo declaraba probado que con anterioridad al abordaje la tripulación del PM había emitido llamadas de aviso por VHF que habrían sido desatendidas por el Patrón de guardia del pesquero RH; también declaraba probado que el Patrón de guardia del RH había desatendido absolutamente su deber de vigilancia y que, para más “INRI”, no realizó maniobra alguna para evitar el abordaje.

Todas las defensas (penales y civiles) interpusieron Recurso de Apelación frente a la Sentencia del Juzgado de lo Central; celebrada la Vista del Recurso de Apelación (Vista solicitada por la defensa del Patrón de guardia del RH y acordada excepcionalmente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) la Sala de lo Penal (Sección Cuarta) dictó Sentencia de fecha 3 de abril de 2014 por la que, estimando el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa del Patrón de guardia del RH, absolvió a dicho Patrón del delito de daños por el que había sido condenado en la Sentencia recurrida; al mismo tiempo, y como consecuencia inmediata, se dejó sin efecto la condena al pago de las responsabilidades civiles derivadas del delito.

La Sentencia absolutoria dictada por la Sala de lo Penal estimó gran parte de los argumentos del Recurso de Apelación; en concreto, la infracción del principio de presunción de inocencia, la vulneración del principio in dubio pro reo y del principio acusatorio. Las infracciones referidas se fundamentaban sobre la base de que la declaración de hechos probados de la Sentencia condenatoria se soportaba, en gran medida, atendiendo a la declaración de “testigos de referencia”; además, en la Sentencia se reflexiona adecuadamente sobre un hecho que no fue tenido en consideración en la Sentencia condenatoria; en concreto se reflexiona sobre la actuación de la tripulación (patrón de guardia) del pesquero hundido (el PM). Así traslada, sin perjuicio de otras consideraciones de mayor calado, una falta de vigilancia apreciable; además, concluyendo que en realidad quien tenía preferencia era el RH y estando en navegación el PM este último pesquero debería haber maniobrado.

Nos encontramos ante un abordaje reconducido a la vía penal quizás con la única intención de quebrar la limitación de responsabilidad resultante del Convenio de Londres de 1976/96; en un primer estadio los denunciantes tuvieron éxito toda vez que el Juzgado de lo Central no estimó aplicable el Convenio a las responsabilidades civiles derivadas de delito; el resultado absolutorio del Recurso de Apelación dejó la cuestión sin resolver; obviamente, el resultado de la defensa resultó inmejorable; sin embargo, y a la vista de la Sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Penal nos queda la preocupación de que parece que todavía existan dudas sobre la aplicación del Convenio de Londres de 1976/96 a las responsabilidades civiles derivadas de delito no dolosos.

Este escenario de “incertidumbre” puede tener como efecto, precisamente, intentar criminalizar abordajes con un marcado carácter civil. Habrá supuestos en los que tal criminalización pueda estar fundada pero creemos que estos supuestos son excepcionales.

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